Resumen: El Juzgado de lo penal absuelve al acusado del delito de estafa, declarando de oficio las costas procesales causadas. El ministerio fiscal interpone recurso de apelación solicitando que se declare la nulidad de la sentencia con retroacción del procedimiento al momento anterior a su dictado, por negar valor a la documental practicada, no impugnada por la defensa. La audiencia Provincial estima el recurso de apelación, declarando la nulidad de la sentencia retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al dictado con la finalidad de que por la misma magistrada se dicte una nueva sentencia en la que se valoren como prueba documental los folios 14 y siguientes del atestado relativos a las consultas efectuadas tanto al fichero y a la realizada por bizum.
Resumen: Sentencia de apelación que resuelve conjuntamente los recursos interpuestos contra las dos sentencias dictadas sucesiva y separadamente en la misma causa respecto de cada uno de los dos acusados y recurrente. El silencio del acusado no integra la prueba de cargo, sino que se proyecta en la conjunta valoración de la prueba, que legítimamente tiene en cuenta que omita una explicación plausible de su presencia en compañía de otro y a primeras horas de la madrugada saliendo del establecimiento en que se hubo intentado un robo. Es perfectamente lícito que la convicción judicial sobre la intervención de unos individuos en determinados hechos quede acreditada por los fotogramas obtenidos de una cinta de vídeo. Duración del procedimiento de cuatro años no siendo el mismo complejo: se aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas. Se condena en costas a los acusados apelantes.
Resumen: Cuando se trata de analizar un motivo de casación por infracción de ley penal sustantiva es el hecho declarado probado, y solo este, el que delimita el campo de juego en el que puede operar. Hecho que se extiende también a las circunstancias fácticas que, pudiendo beneficiar a la persona acusada, aparezcan insertas en la fundamentación jurídica -vid. STS 101/2025, de 6 de febrero-. Delito de maltrato animal con causación de muerte. No puede haber delito en comisión por omisión si no hay un garante del bien jurídico protegido cuya omisión no haya evitado el resultado prohibido. Es decir, solo puede ser autor quien, atendida su situación, tiene un deber de responder evitando el resultado. Pero, además, la comisión por omisión requiere que la omisión equivalga, conforme al sentido de la ley, a la producción activa del resultado lesivo. E, insistimos, solo puede ser equivalente a un delito de acción aquella omisión impropia de la que pueda decirse que, en términos materiales y normativos, ha causado o cocausado el resultado típico. Ontológica falta de equivalencia entre omitir una conducta eutanásica activa -mediante la intervención de terceros especializados- y la acción de maltratar injustificadamente causando la muerte que se castigaba en el artículo 337.3 CP, vigente al tiempo de los hechos. Voto particular.
Resumen: Se ha juzgado un delito contra la salud pública por tráfico de hachís, una sustancia que no causa grave daño a la salud. Los acusados fueron detectados por la Guardia Civil mientras manipulaban y transportaban fardos de hachís desde el mar hasta el puerto, utilizando una embarcación. El delito se agrava por la cantidad de notoria importancia (más de 2,5 kg de hachís incautados) y por el uso de una embarcación para el transporte, lo que es una circunstancia de extrema gravedad. Uno de los acusados reconoció los hechos y su participación. El otro acusado negó su implicación, alegando que solo estaba reparando la embarcación y no vio los fardos. Sin embargo, su versión fue desvirtuada por las pruebas presentadas, incluyendo los testimonios de los agentes de la Guardia Civil que presenciaron los hechos y no perdieron de vista la embarcación. La sentencia concluye que ambos acusados son responsables del delito y participaron de forma directa y voluntaria. Se les impone una pena de prisión y multa.
Resumen: No se aprecia posible incongruencia omisiva del auto recurrido. La demanda de extradición cumple las formalidades documentales exigidas. Los aspectos de fondo quedan fuera del control judicial del Estado requerido en tanto responden al sistema procesal interno del país requirente. La demanda extradicional recoge una relación fáctica que permite valorar la concurrencia de la doble incriminación, siendo ello suficiente para valorar la procedencia de la reclamación. El arraigo en España no es causa de denegación de la extradición.
Resumen: Se condena a la propietaria de un perro de compañía que no le proporcionó los cuidados adecuados, teniéndola abandonada y desconociendo dónde se encontraba, lo que generó al animal un deterioro grave e irreversible de su estado de salud. Se desestima la pretensión de nulidad por la falta de asistencia letrada en la declaración policial de la acusada. Tal intervención solo es preceptiva en la detención y en la prueba anticipada, pero en los demás actos y con independencia de que se haya de proveer de abogado al investigado y de que aquel puede participar libremente en las diligencias sumariales, su intervención no deviene obligatoria hasta el punto de que hayan de estimarse nulas, por infracción del derecho de defensa, tales diligencias por la sola circunstancia de la inasistencia del abogado defensor. Integración del concepto "grave enfermedad" en los delitos de maltrato animal: criterios jurisprudenciales. Obligaciones de cuidado derivadas de la posición de garante que ostenta el propietario de un animal doméstico.
Resumen: Hubo un pacto de conformidad, asumido por cinco de los ocho acusados, incluidos los ahora recurrentes, por lo que se calificó por un tipo penal menos grave, se apreció una atenuante cualificada de dilaciones indebidas y se rebajaron de forma sustancial las penas que se solicitaban por este último delito y por el de riña tumultuaria. En el turno de la última palabra los dos acusados recurrentes negaron su participación en los hechos incurriendo en una clara contradicción con el reconocimiento de hechos y asunción de responsabilidad penal expresada al inicio del juicio por ellos mismos y con las propias conclusiones definitivas de sus defensas que fueron coincidentes con las del Ministerio Fiscal. Se practicó prueba adicional al reconocimiento de los acusados recurrentes, constituida por la declaración como testigos agentes de la Policía Nacional que intervinieron en los hechos de la riña y detuvieron a los acusados, acreditando, de esta forma, su participación en ese delito. Del mismo modo, se dispuso de prueba documental y también pericial (informe de inteligencia policial). Las "conformidades parciales" no son realmente tales ni tienen preciso encaje legal. Tampoco conforme a la LO 1/2025. De conformarse solo algunos acusados se celebrará el juicio contra éstos, declarando como acusado conformado quien aceptó el pacto con las acusaciones, sin que el juez pueda imponer mayor pena que la conformada.
Resumen: La sentencia de instancia impuso las costas a las entidades acusadoras porque en el conflicto civil previo ni formularon oposición a la rendición de cuentas, ni ejercitaron acciones rescisorias de los pagos efectuados a la mercantil, ni cuestionaron operaciones de ventas de los talleres, ni instaron la calificación del concurso como culpable. Recurre la acusación particular por infracción de ley. Alega que la imposición de las costas contraviene la doctrina de la Sala. El recurso se estima. No se aprecia temeridad o mala fe. Se recuerda que la imposición de las costas procesales solo procede cuando se actúa a sabiendas de que la pretensión es insostenible, y con la única finalidad de sentar al acusado en el banquillo. Es necesario que la acusación particular perturbe con su pretensión el normal desarrollo del proceso. La simple disparidad de criterio entre el M. Fiscal y la acusación particular no es suficiente para imponer las costas.
Resumen: El tribunal de segunda instancia no puede reconstruir el hecho probado a partir de una nueva valoración de la prueba practicada en la instancia. Valoración correcta de la pericial. A efectos de determinar la naturaleza de las operaciones llevadas a cabo, ganancias patrimoniales no justificadas o donaciones, no se aprecia en el juicio de inferencia llevado a cabo error sino que, por el contrario, responden a criterios racionales y lógicos. al considerar que existen indicios de tratarse de donación. No es posible condenar a la acusada por otro título de imputación como sería el no haber satisfecho el impuesto de sucesiones y donaciones, cuando la acusación se formula por defraudación fiscal en el IRPF. Demanda de decomiso autónomo que no puede prosperar al encontrase prescritos los delitos contra la Hacienda Pública. Si se ha previsto esta forma de decomiso, ante la inexistencia de sentencia de condena, precisamente para evitar el riesgo de prescripción, es evidente que el decomiso no puede exigirse cuando los hechos han prescrito, pues en modo alguno pretende el legislador hacer renacer la posibilidad de ejercitar acciones de decomiso derivadas de un delito ya prescrito.
Resumen: El Tribunal dice que comparte la conclusión de sobreseimiento provisional acordado en la instancia, remitiendo a la denunciante a la jurisdicción civil a fin de resolver el conflicto planteado. No se trata de un incumplimiento grave y permanente, la menor no estaba en situación de ignorado paradero a causa de la acción de su madre, ni ésta impidió que su padre mantuviera el contacto con ella, por lo que su intención no pasaba de ser la de asegurar ya desde el inicio del curso escolar que la menor estuviera en un entorno de cuidados familiares óptimos, sin privarla de contacto con su padre. Los indicios existentes en la causa no son suficientes como para considerar que se ha cometido un delito de sustracción de menores por parte de la denunciada. No olvidemos que el carácter de última ratio y el principio fragmentario del derecho penal determina que solo serán constitutivos de delito aquellos ataques más graves a las relaciones paterno-filiales.
